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Acceso a la Justicia — junio 15, La Corte Penal Internacional CPIese tribunal creado hace apenas dos décadas para castigar los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión, está en boca de todos en Venezuela en los últimos días, en especial en la del fiscal general impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien desde mayo pasado se prostata medikamente dm referido al organismo en al menos seis ocasiones, tres de ellas para atacarla, por considerar que le está dando un «trato desigual» y que no está garantizando el debido proceso.

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Hoy, 15 de junio, la fiscal de la CPI, la jurista gambiana Fatou Bensouda, deja el cargo para ser reemplazada por el británico Karim Khan.

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Ante la expectativa existente y las declaraciones del fiscal general venezolano, Acceso a la Justicia ha considerado oportuno analizar algunos de los señalamientos de las autoridades nacionales sobre el trabajo realizado por el organismo con sede en La Haya. El pasado 1° de mayo, Saab anunció que su despacho había remitido un tercer informe al despacho de Bensouda y se quejaba que «esta comunicación solo se está desarrollando por parte del Estado hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa».

¿Sin acceso al expediente?

El titular del Ministerio Público ha insistido en su queja de no haber logrado entablar interlocución con el despacho de la jurista africana y, por lo tanto, se está violando según su criterio tanto el Estatuto de Roma como el reglamento del juzgado. El funcionario se refería a los cinco informes sobre la labor hecha por su despacho para investigar delitos como las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias ocurridas enasí como a los reportes sobre cómo en las redes sociales se busca ocultar esa labor; y a los dos escritos que ha presentado en la Sala de Cuestiones Preliminares y en la propia Fiscalía de la CPI.

Estas quejas fueron rechazadas por Bensouda a principios de junio. Yo y mi oficina hemos mantenido extensos prostata medikamente dm con Venezuela, incluso las más altas autoridades», replicó.

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Basta con recordar que en noviembre de Saab se reunió personalmente con Bensouda en su despacho de La Haya, un encuentro que calificó de «fructífero». El 27 de mayo Saab anunció que había presentado dos acciones ante la CPIuna de ellas directamente al despacho de Bensouda, en la que afirma prostata medikamente dm siguiente: «Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que, hasta la fecha, no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados».

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Las denuncias que sustentan el llamado caso Venezuela I son de conocimiento público. La primera querella fue presentada en noviembre de por la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien acusó a Nicolás Maduro y a cuatro generales Vladimir Padrino López, Néstor Reverol Torres, Gustavo González López y Antonio Benavides de estar incursos en crímenes de lesa humanidad.

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El contenido del escrito, de páginas, que la funcionaria llevó a La Haya fue reproducido ampliamente por los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.

En febrero dela fiscal Bensouda abrió de oficio el examen preliminar sobre Venezuela. La segunda denuncia fue presentada en por seis países miembros de la Organización de Estados Americanos OEAque sustentaron su acción en un informe elaborado por un grupo de expertos convocados por la organización hemisférica, en el cual se acusa a las autoridades nacionales de cometer delitos tipificados en el Estatuto de Roma.

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El texto del reporte también es público. Algo llamativo de las acciones de Saab es que pese a quejarse de que desconoce qué está investigando la Fiscalía de la CPI, le pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares que excluya de su análisis «documentación sustraída ilegalmente» y que no acepte «fuentes de información y denuncias que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno».

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Vale la pena recordar Milyen antibiotikum a prosztatitisrel la denuncia presentada por Ortega Díaz se fundamenta en pruebas que recabó el Ministerio Público hasta que ella fue destituida en agosto de por la Constituyente, por lo que dichas pruebas están en el organismo.

La funcionaria llevó a La Haya 39 carpetas y 12 CD que contenían 1.

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Ahora bien, respecto de las informaciones que de manera privada han remitido organizaciones o víctimas, la situación es diferente en la medida en que el Documento de política general sobre exámenes preliminares, que regula el detalle de estos, indica en su párrafo 87 que: «Con respecto a las informaciones presentadas con arreglo al artículo 15 y al testimonio oral o escrito recibido en la sede de la Corte, el Fiscal tiene el deber de proteger la confidencialidad de dichas informaciones o testimonios o tomar las demás medidas que sean necesarias».

Por lo tanto, la Fiscalía no está obligada a revelar estos medios probatorios hasta que se pase a la fase de investigación.

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